DEMOCRACIA, CONVIVENCIA Y LIBERTAD

Hemos llegado al final de un semestre político que ha estado marcado precisamente por todo lo opuesto de lo deseable y que propusimos en un blog anterior. La confianza ha brillado por su ausencia y la crispación ha sido la tónica de la vida cotidiana política.

No hay que achacar solamente a un sector la responsabilidad de esta situación nada conveniente para la convivencia de la ciudadanía en el territorio español. Los intereses partidistas han dominado la escena y los políticos han ejercido descaradamente fines claramente ladeados hacia los intereses de sus propios partidos en lugar de los intereses del Estado y de la mayoría.

En contra de opiniones mayoritarias del pueblo en su conjunto y olvidando que ocupan escaños en el Parlamento por decisión del sufragio de los ciudadanos con derecho a voto, han hablado de democracia, legitimidad legalidad, como si fueran los únicos iluminados conocedores de lo que conviene a la España a la cual pertenecemos todos.

Esta patética muestra de prepotencia una vez instalados en la poltrona del poder tras las elecciones del 14 de marzo de 2002 viene acompañada por claras contradicciones en el uso y la interpretación de la Ley, según conveniencias partidistas que pueden acabar confundiendo a la ciudadanía menos informada. Precisamente, en momentos como éste, es conveniente que los que saben más de la interpretación de la los términos de la Ley no permanezcan callados.

Es curioso observar como que los que han accedido a representar al pueblo español, legitimados por las citadas elecciones, hoy enarbolan un discurso sobre la legalidad de los actos del Gobierno legitimado por los actos constituyentes legales, consecuencia de la voluntad del pueblo soberano en las urnas el 14 de marzo. Se lanzan órdagos cuestionando las propias Leyes vigentes que han sido aprobadas a lo largo de tres décadas de democracia y hasta se llega a incitar, aludiendo a la libertad de la minoría, a la rebeldía cívica en contra del Gobierno establecido.

Visto este ejercicio de política democrática, me pregunto si realmente sabemos diferenciar entre democracia y libertad, en su interpretación de legitimidad y legalidad.

Al leer un artículo del Catedrático de la Universidad de Sevilla, Sr. Royo, aprecio la diferenciación que hace sobre legitimidad y legalidad. No entro a valorar más que la parte semántica de su análisis ya que intuyo que su pensamiento ideológico esta más afín con el Gobierno en el poder que con los del partido mayoritario en la oposición.

La apreciación como experto en esta materia hace valiosa su diferenciación de legitimidad y legalidad. La Real Academia de la Lengua define “legitimidad” como “cierto, genuino y verdadero en cualquier línea” que aplicado a unas elecciones constituyentes de las Cortes solamente puede significar la veracidad del proceso y la confirmación del acto como legítimo dentro de un proceso democrático establecido. Por otro lado la Academia dice que “legalidad” dentro del derecho como “ordenamiento jurídico vigente”, o sea, si algo es “legal” se ajusta a la Ley y al Derecho. La diferenciación hecha por el Catedrático establece bien las bases sobre cual se edifica la democracia en relación con estos dos términos y a nuestro criterio muestra como la legitimidad radica más en la voluntad del pueblo aunque ésta este supeditada a la legislación vigente, guste o no.

Lo que cabe destacar es que existen conflictos en interpretación porque como muy bien apunta el Sr. Royo, legitimidad y legalidad no siempre solapan a la perfección. Aunque no hace mención de ello, nosotros que por nuestra edad hemos vivido distintas etapas y regímenes en España, tenemos que hacer mención de este conflicto en el inicio mismo del proceso democratizador que cada partido quiere hacer como suyo. El pase de un régimen autoritario de casi cuatro décadas y el nombramiento de D. Juan Carlos I como Jefe de Estado por el Gen. Franco parte de una dudosa legitimidad aunque encuadrada en la legalidad establecida por el régimen franquista. Los ciudadanos, en ese momento deseosos de democracia, no dudamos en apoyar al monarca y refrendar su autoridad como Jefe del Estado Español, por encima de los derechos dinásticos de su padre, D. Juan de Borbón.

Aún cuando el Rey vio refrendada su autoridad con la renuncia posterior de su señor padre, la legitimidad violada puede haber transgredido la legislación y la Ley no respetada por violar la legitimidad. Por lo tanto, si como hacen nuestros políticos en ejercicio, se intenta rizar el rizo, la propia Transición que enarbolan como la única legítima fuente de la existencia por derecho del Estado Español, estaría vacío de contenido legal y por lo tanto inadecuado para legitimar el actual sistema democrático español.

Para este ciudadano de a pie que ha visto la evolución de los regímenes españoles desde una dictadura hasta la democracia participativa consolidada de hoy, además pudiendo compararla con otras democracias de otros países donde hemos tenido la oportunidad vivir, el ejercicio político de la libertad de los partidos y los individuos a discrepar se esta utilizando de un modo poco democrático y en claro detrimento de la convivencia.

La democracia es una forma de gobierno que nació hace miles de años en otro país que hoy también pertenece a la Unión Europea y su interpretación hoy no debe variar un ápice de lo que aquellos sabios griegos quisieron que fuera – el gobierno del pueblo. Las reglas de gobierno pueden deferir según el estado que aplique el principio y ejercicio de la democracia pero lo que es innegable es que la democracia pretendió en su día y debe pretender ahora la libertad individual que no perjudique la libertad de la mayoría.

Si este principio no es respetado, el que enarbola la bandera de la democracia viola el principio de libertad de la ciudadanía y coarta la convivencia pacífica del pueblo respetuoso con la legalidad vigente y la legitimidad del Gobierno ejerciente del poder. Diría que estos políticos y dirigentes hacen mal uso de su influencia y poder, actuando del mismo modo que los que violan la Ley y desprecian la legitimidad consensuada en tres décadas de democracia en España.

Las urnas volverán a ser el elemento que ajuste la discrepancia en el desajuste interpretativo entre “legitimidad” y “legalidad”. Que no olviden Sus Señorías que es el pueblo quien tiene la última palabra.

Y los del pueblo, no olvidemos que para disfrutar de los derechos democráticos, la libertad individual nos impone el cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos y la obligación ética de votar a favor del sistema y en contra de sus detractores.

Fernando Fuster-Fabra Fernández - Experto en Relaciones Internacionales